Fallos judiciales a favor de los productores por el cobro de la tasa vial.

Fallos judiciales reavivan el conflicto entre Intendentes y productores, esto debido al cobro de la tasa vial, que volvió a reavivar un conflicto con los intendentes y los productores. En los últimos días la Justicia con fallos a favor de los productores, volvió a poner en escena la problemática.
Decisiones judiciales en distritos como  Daireaux y Azul se alinean con un antecedente clave en Carlos Casares, que fue el caso de Andrea Passerini, donde se declaró la ilegitimidad del cobro de la tasa vial ante la falta de una prestación efectiva del servicio.
El eje del conflicto es claro: productores sostienen que el mantenimiento de los caminos rurales no se corresponde con lo que abonan, mientras que los municipios defienden la tasa como una herramienta indispensable en un contexto de caída de recursos.
En paralelo, otros fallos avanzaron sobre la necesidad de transparencia. El caso fue en Henderson, partido de Hipólito Yrigoyen, donde la Justicia ordenó al municipio informar el destino de los fondos recaudados, reforzando el derecho de acceso a la información pública. En esa misma línea, también en Baradero la comuna debió informar en forma detallada la administración de la tasa.
Con una marcada caída de la coparticipación y recortes de fondos nacionales, muchos intendentes apelan a este recurso para sostener servicios esenciales. Sin embargo, el deterioro de los caminos rurales -agravado por factores climáticos- alimenta el malestar del sector productivo.
En distritos de fuerte perfil agropecuario, como 9 de Julio, Carlos Casares, el impacto es evidente: las intensas lluvias registradas en marzo, con acumulados de entre 250 y 300 milímetros, dejaron cerca del 70% de los caminos en condiciones críticas, profundizando los reclamos.
Desde el lado de los intendentes, la defensa es contundente, argumentan que, lejos de ser una herramienta recaudatoria discrecional, la tasa vial permite sostener un sistema que, en muchos casos, demanda inversiones superiores a lo que efectivamente que se recauda.
En contraposición, entidades rurales celebraron los fallos y remarcaron que una tasa solo puede exigirse si existe una contraprestación concreta, medible y verificable. Si esto no pasa se transforma en un impuesto encubierto.
Todo esto trae aparejado una disputa entre los intendentes y los productores, lo que hace a este conflicto cada vez esté lejos de resolverse.