Así como el productor conoce los ciclos agrícolas como la palma de su mano —sabe cuándo fertilizar, sembrar, cosechar, fumigar o rotar—, el funcionario también debería dominar con la misma precisión el momento ideal para ejecutar obras de infraestructura que eviten inundaciones.
"Hay que trabajar en época de sequía; después, es poco lo que se puede hacer". Esta frase, repetida hasta el cansancio por los funcionarios, resume una verdad de sentido común que trasciende incluso los fundamentos técnicos. Y sin embargo, es justamente ese sentido común el que más escasea entre la clase política y sus representantes.
Así, una y otra vez, el mismo guión se repite: sequía, olvido, lluvias, desastre. Siempre, sin excepción, nos encontramos hablando de obras inconclusas cuando el agua ya lo ha cubierto todo, y lo único que queda es mirar al cielo rogando que pase la tormenta.
La historia de las inundaciones y la de las obras estructurales para manejar el agua van de la mano… pero desfasadas. En tiempos de sequía, nadie recuerda las obras; en plena crisis hídrica, todos las reclaman. Y ahí, puntual como un reloj roto, los funcionarios desempolvan su repertorio de excusas.
¿Acaso prevenir inundaciones es un negocio que solo le interesa al productor? ¿Alguien se ha detenido a calcular cuánto pierde el Estado —nacional, provincial y municipal— en recaudación durante un año de inundaciones en la zona núcleo? Seguramente la conclusión sería clara: invertir en infraestructura es infinitamente más económico que perder fortunas sumergidas bajo el agua.
Pero los ciclos persisten, los gobiernos pasan y la situación se repite. Es un museo de novedades viejas: productores desesperados, caminos apenas visibles bajo el agua, campos improductivos por meses, localidades aisladas y autoridades que se esconden. Podríamos publicar titulares de inundaciones de hace diez años y nadie notaría la diferencia.
¿Y cómo romper este círculo vicioso de desidia y excusas? Tal vez sea hora de cambiar la estrategia. De exigir en los tiempos de sequía —cuando al funcionario no le sobran pretextos—. De demostrar, con hechos y presión organizada, el peso económico que el campo representa para municipios, provincias y la Nación.
Es evidente que no es su responsabilidad exclusiva, pero está visto que cortar esta historia circular dependerá, una vez más, de quienes la padecen: los productores. Porque delegar esa tarea en la política, limitándose a votar cada dos años, ya ha demostrado ser insuficiente. Las promesas electorales se las lleva el agua… y lo que queda atrás son crisis, productores quebrados, municipios desfinanciados y ciudades empobrecidas.
El campo necesita un Plan B. Está a la vista que las estrategias de las últimas décadas fracasaron: el agua ya dio su veredicto.
Y mientras tanto recuerden que en pocos días volveremos a votar.
Fuente: CampoInfo