Al menos $200 mil millones se encuentran embargados por la Justicia en causas de corrupción. Así lo revelaron a Infobae fuentes del Ministerio de Justicia, luego de que el presidente Mauricio Macri anunciara la firma del decreto de necesidad de urgencia para impulsar la política de extinción
de dominio que permitirá decomisar, desde los tribunales civiles,
distintos bienes y activos de distintas causas penales.
El número surge de los expedientes en donde la Oficina Anticorrupción se presentó como querellante.
Por eso, señalan en Tribunales, esa cifra podría incrementarse si se le
suman aquellas causas en donde ese organismo del Estado no interviene.
También se elevaría de manera exponencial si se le suman las causas de
narcotráfico. En diciembre pasado, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich había dicho que los bienes personales y dinero en efectivo que fueron confiscados de narcotraficantes en los últimos tres años implicaban unos USD 593 millones, el equivalente a la construcción de 17.500 viviendas.
La funcionaria nacional, consultada hoy por radio La Red, aseguró que una vez que entre en vigencia la extinción de dominio el Estado podría recuperar hasta 300 mil millones de pesos.
"Es una cifra impresionante; yo no puedo luchar contra el narcotráfico
si no le saco las cosas, y así les estamos sacando el capital de
trabajo, porque los narcos no compran un avión porque les gusta volar,
sino porque lo usan para transportar la droga", aseguró.
Los bienes embargados en casos de corrupción
Con el decreto que anunció el presidente Mauricio Macri, el Estado podría hacerse de ese dinero a través de un juicio civil, sin necesidad de una condena penal. Pero la Justicia ha venido avanzando en estos últimos años con el embargo de bienes y la utilización por parte del Estado.
Allí aparecen dos aviones del empresario Lázaro Báez
que hoy manejan Aviación Civil y el Ministerio de Seguridad de la Nación
y las maquinarias incautadas en la causa de la Ruta del Dinero que
quedaron en manos de Vialidad Nacional. La Justicia secuestró 1.355 bienes de Lázaro Báez por un valor de 188 millones de dólares,
entre los cuales aparecen 418 inmuebles, entre casas, estancias, lotes y
parcelas, y 937 rodados, aviones y maquinarias. Pero además a Lázaro se
le secuestraron libros incunables, que fueron entregados a la
Biblioteca Nacional, como un ejemplar de La razón de mi vida, firmado por su autora, Eva Perón; Viaje a la Patagonia Austral,
con la rúbrica del perito Francisco Pascasio Moreno o libros firmados
por Juan Domingo Perón y Jorge Luis Borges. También había un ejemplar de
Mi lucha, del nazi y genocida alemán Adolf Hitler, según relató Infobae en octubre pasado.
el yate del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime,
que se convirtió en una "embarcación recuperada de la corrupción" de
Prefectura Naval. Jaime espera juicio oral por enriquecimiento ilícito,
aunque ya está condenado por la tragedia de Once, entregar dádivas y
haber intentado destruir pruebas durante un procedimiento judicial.
En la lista de bienes embargados, a disposición del Estado, aparecen más de medio centenar de vehículos de ex funcionarios
que pasaron a control estatal, entre ellos uno de la ex presidenta
Cristina Fernández de Kirchner. Cristina está procesada por cuatro
causas de corrupción (Vialidad, Hotesur, Los Sauces y cuadernos), además
de los dos expedientes más políticos: dólar futuro y Memorándum con
Irán.
A raíz de la causa de la obra pública, que el próximo 26 de febrero
será llevada a juicio oral, con Cristina Kirchner, Julio De Vido y
Lázaro Baez en el banquillo, Vialidad Nacional reclamó 1.200 millones de
dólares de resarcimiento por los "daños y perjuicios" generados por
contratos inconclusos y sobreprecios pagados.
En tanto, solo en la causa de los cuadernos, el juez Claudio Bonadio había dictado embargos por 4 mil millones de pesos a cada uno de los involucrados,
desde la ex presidenta hasta el chofer Oscar Centeno pasando por todos
los empresarios. La Cámara Federal, sin embargo, corrigió esos números. A
Cristina Kirchner le fijaron un embargo de 1.500.000 pesos y a De Vido
de 1.095.000, pero a los empresarios se les impuso un monto mayor, de
acuerdo a la cantidad de hechos por los que están investigados.
Un decomiso, casi 30 años después
Pero la Justicia ya ha demostrado que se puede decomisar bienes de la corrupción. El problema es lo que tarda el proceso judicial para poder concretarlo.
En septiembre pasado, la Justicia llevó adelante el decomiso del predio
de Tandanor valuado en 40 millones de dólares, aunque su valor
inmobiliario supera los 500 millones. Fue después de condenar a ex
funcionarios y empresarios privados por la fraudulenta privatización del
predio que se hizo al inicio del gobierno de Carlos Menem. Es decir,
entre el hecho y el decomiso pasaron casi 30 años.
Bajo la órbita del Ministerio de Justicia funciona el Registro Nacional
de Bienes Secuestrados y Decomisados durante el Proceso Penal en donde
se centraliza la información de los bienes secuestrados, decomisados o
afectados a una medida cautelar en el marco de un proceso penal. Sin
embargo, los voceros oficiales señalan que las listas no están actualizadas porque muchas veces los jueces no les reportan de lo incautado en sus respectivas causas para tener los datos al día.
Desde Tribunales, al igual que los voceros oficiales, insisten en
marcar la diferencia entre estas dos palabras. ¿Por qué? Porque los
embargos preventivos o incautaciones son decisiones judiciales que
prohíben temporalmente transferir, convertir, enajenar o mover bienes, o
la custodia o el control temporales de bienes por mandamiento expedido
por un tribunal u otra autoridad competente, mientras que el
decomiso, en tanto, es la medida a través de la cual una autoridad
estatal (puede ser judicial o no) quita la propiedad sobre un bien que
se sospecha ilegal a su titular sin que tenga derecho a resarcimiento. De esto se trata ahora la iniciativa oficial.
La iniciativa señala que "durante el desarrollo de la causa judicial,
los bienes embargados serán administrados por la Agencia de
Administración de Bienes del Estado (AABE), mientras que el dinero en
efectivo será administrado por la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES)".
Infobae