Luego de
sancionada la ordenanza 3547/13 y ante la prolongada inacción del Municipio,
dos vecinos fallecieron en diciembre del 2013; motivo por el cual los pacientes renales y algunos de sus
familiares contrataron mis servicios como abogado para realizar una demanda,
buscando que los jueces reconozcan sus derechos. Hemos logrado ese objetivo
ante la Suprema Corte Provincial.
La poco
creíble estrategia del actual gobierno es tan simple como desafortunada:
desvalorizar el reclamo judicial de los enfermos renales para disimular las
sentencias de la justicia intentando confundir a la gente; y por otro lado
hacer algo mínimo, como por ejemplo: (sacarse fotos donde –supuestamente- se
instalaría el Centro a futuro; -presentar públicamente a un nefrólogo que no
atiende permanentemente en Casares; - presentar números de tramites
inexistentes ante el Ministerio de Salud -o hacer un falso contrato para estirar el plazo de implementación otro
año más). Mientras tanto los 17 pacientes continúan haciendo un sacrificio
inhumano, viajando silenciosamente tres veces en la semana, sumidos en su
cansancio; levantándose a las cinco de la madrugada – con sus dolencias y
contratiempos- para emprender un viaje; luego
regresar a Casares por la tarde, y así mantenerse con vida.
¿Acaso
podemos afirmar que en tales condiciones son ciudadanos de Casares?
Decir que
“es falso” que el Municipio haya sido condenado por la justicia a instalar el
centro con sustento en que “la sentencia fue apelada”, no hace más que
confirmar la verdad, la vigencia e importancia de dicha decisión de la
justicia. Solamente algo es falso si no
existe. Por el contrario, la sentencia obtenida por los pacientes el día
10/08/2015 es real, está vigente, y puede ser leída por cualquier vecino
ingresando a la página de facebook “Casarenses con derecho a Nefrología y
Diálisis en su Ciudad”.
La actitud
municipal de “apelar para ganar más tiempo” es pobre, es débil; pero
esencialmente es indigna, es repudiable y contraria a los Derechos Humanos.
También es estéril, pues con la apelación no desaparece el deber legal (y
moral) de instalar el servicio de diálisis en un breve lapso, conforme la
ordenanza 3547/13. Ni mucho menos se suspende el efecto de esta sentencia. Porque la apelación no posee efecto
suspensivo en el proceso de amparo según lo establece la misma ley provincial.
El plazo fijado por el Juez Marcelo Centeno está corriendo.
Peligroso es
el mensaje que desde el Municipio se intenta dar a la comunidad: “la justicia
nos ordena garantizar los derechos, pero como somos gobierno hacemos lo que
queremos y apelamos para dilatar”.
Al apelar el
Municipio se opone a la decisión del juez de asegurar en Carlos Casares la
asistencia efectiva de un médico nefrólogo para cualquier ciudadano con
problemas nefrológicos.
Respecto al
tratamiento agudo en terapia intensiva,
la reciente sentencia del Juez Centeno expresó: Nulos efectos prácticos
se aprecia en la existencia de una máquina de diálisis aguda en el Hospital,
cuando no existe la presencia activa y regular de aquellos recursos humanos
tendientes a garantizar la efectiva prestación del tratamiento”. (Sentencia del 10/8/2015).
La postura
de menospreciar el reclamo judicial de la mayoría de los pacientes que firmaron
la demanda resulta antidemocrática; porque se burla de la justicia, de las
instituciones, de los jueces, y en
especial de una minoría de vecinos discapacitados que no interesan a la clase
política; vecinos silenciosos que luchan solos, junto a sus familias, y
reclaman por su salud, por su calidad de vida, y por un servicio vital para su
ciudad. Vecinos que junto a este letrado han logrado que los jueces hagan su tarea:
proteger los derechos constitucionales de las minorías frente al poder
político.
No hay algo
más antidemocrático que el capricho, porque es puramente irreflexivo. En
especial cuando se apoya en un populismo mayoritario. Un populismo que viola
derechos humanos. Precisamente, la ausencia de sentido común ha guiado al
Municipio a confrontar innecesariamente con los pacientes, obligándolos a
interponer una demanda de amparo por su prolongado incumplimiento; llevándolos
a un litigio que derivó en tres sentencias condenatorias y consecutivas;
sentencias que destacan la violación de derechos humanos.
La comuna
también ha rechazado todas las oportunidades de dialogo emprendidas. El resultado: un proceso costoso que pasó por
todas las instancias y que debe financiar el pueblo. El mismo pueblo que
decidió la prestación de estos servicios y tratamientos por ley.
El tiempo
pasa, y todo queda registrado en los medios y en el expediente judicial. Nótese
que al punto 4,7 de la contestación de demanda el Municipio llegó a decir que:
“es inconcebible que los actores (pacientes) le atribuyan responsabilidad al
estado por su desdicha” y “menos que se sientan obligados a realizar viajes
para efectuar los tratamientos de diálisis”.
Simplemente una barbaridad!.
Pensemos que
hace un año, -con fecha 12 de agosto de 2014- el gobierno anunciaba en los
periódicos un contrato con dos médicos de Junín (ver Periódico El Oeste, “la
mejor noticia…”), donde se auto-impuso el plazo de 12 meses para tener la obra
terminada. Dicho contrato fue convalidado por ordenanza. Lamentablemente ese
plazo venció sin siquiera tener una sola pared levantada del “proyectado centro
de salud renal”.
En la
audiencia del 26 de abril (gravada en DVD) La Dra. Juliana Cuesta alegó sobre
la existencia de un expediente iniciado ante el Ministerio de Salud para lograr
la habilitación; cuya existencia posteriormente fue desmentida por el mismo
Ministerio.
En abril de
2013 presentamos el proyecto por la Banca 15 (la Banca del Pueblo) con más de
350 firmas de vecinos recolectadas en los comercios. Los concejales votaron por
unanimidad una ordenanza con altísimo contenido democrático. ¡El Departamento
Ejecutivo, (el intendente) solo debía “ejecutar” las ordenanzas; NO postergar
su implementación con apelaciones y chicanas!
Lo
destacable de una democracia constitucional es que, aun aquel gobierno que
ostente el apoyo de la mayoría del pueblo, no pueda pasar por arriba los
derechos individuales de una minoría; ¡sino que deba respetarlos!. Pues la
Constitución Nacional es el límite a la regla de las mayorías, y de ese juego
armónico surge el vigor de nuestro sistema de gobierno.
A los
pacientes, y a sus familiares deseo expresarles mi profunda admiración por
tener el vigor de subir al remis estrictamente todos los lunes, todos los
miércoles y todos los viernes. Por su actitud para sobrevivir en Carlos
Casares; yo también lo padecí con mi madre luego de clausurado el centro de
diálisis.
Mi entero
agradecimiento, especialmente a Miguel y su familia; a Mauri y a Walter; a
Daniel; a Mirta y a su cuñada Anabel; a Manuel; a Felipe y su familia; a
“Rincha”; a Natalia y sus hijas; a Fernanda; a Miriam; Ariel; a Nacho; a
Leonel, a Adrián y Celestina.
Desde mi rol
de abogado les puedo brindar certeza en cuanto a que la justicia ya ha amparado
nuestro reclamo, ha condenado al Municipio, ha ordenado las medidas cautelares
y ahora ha fijado un plazo para la prestación de los servicios y tratamientos
médicos.
Aun así,
nuestra postura seguirá siendo estar abiertos al diálogo constructivo, sensato
y respetuoso de las necesidades más humanas. Dispuestos a encontrar soluciones
de la manera más pacífica y razonable posible.
Escribe el Dr. Andreoli, apoderado del grupo de pacientes renales