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| Por una foto como esta se posterga la entrega |
Una entrega de viviendas que no debería quedar atrapada en una foto política
Hay decisiones que pueden discutirse políticamente. Hay otras que, directamente, deberían estar por encima de cualquier cálculo electoral. La entrega de una vivienda pertenece a esta última categoría.
Los adjudicatarios esperaban que el 16 de septiembre finalmente se concretara la entrega de las casas que les fueron asignadas en el mes de noviembre de 2024 y debían ser entregadas todas antes de mayo 2025. Para muchas familias, esa fecha no era un acto protocolar: era el comienzo de una nueva etapa, el momento de dejar atrás el alquiler y tener, después de tanto esfuerzo y espera, un techo propio.
Pero ahora la entrega habría quedado postergada porque el gobernador no puede estar presente.
Y aquí aparece la pregunta que nadie debería esquivar: ¿una familia tiene que seguir esperando porque una determinada autoridad política no puede venir a sacarse la foto?
Para quienes tienen una vivienda asegurada, quizás una postergación pueda parecer un simple cambio de agenda. Para quienes alquilan y organizaron su vida en función de una fecha concreta, la realidad es completamente diferente.
Algunos adjudicatarios ya habrían cancelado sus contratos de alquiler confiando en que el 16 recibirían las llaves. Si la entrega no se concreta, podrían quedar en una situación desesperante, sin vivienda disponible y con la incertidumbre de no saber dónde vivir.
No estamos hablando de números. Estamos hablando de personas. De familias. De hijos. De adultos mayores. De gente que probablemente esperó durante años una oportunidad como esta.
Por eso resulta difícil comprender que una entrega de viviendas pueda quedar condicionada a la presencia de un funcionario.
Las viviendas no deberían entregarse cuando resulte conveniente para una agenda política. Deberían entregarse cuando estén listas y cuando los adjudicatarios tengan derecho a ocuparlas.
Porque si la prioridad pasa a ser la fotografía, el acto, los funcionarios presentes y el rédito político, entonces algo esencial se pierde por el camino: la empatía.
Una gestión pública tiene la obligación de entender que detrás de cada expediente hay una historia. Que detrás de cada adjudicación hay una familia que hizo planes. Que detrás de cada llave hay una necesidad concreta.
No se puede jugar con la necesidad habitacional de la gente para obtener una foto política.
El Estado no debería utilizar una vivienda como escenario electoral.
El intendente y las autoridades responsables tienen la oportunidad de demostrar que las personas están primero. Que una familia que ya dejó su alquiler no puede convertirse en una variable de una agenda política.
Porque gobernar también significa ponerse en el lugar del otro.
Y cuando se trata de algo tan básico como tener un techo, la empatía no debería ser una opción: debería ser una obligación.
Las familias no necesitan una foto.
Necesitan las llaves.
Esperemos que las autoridades revean la decisión y el miércoles 16 s entreguen las 34 viviendas como estaba el cronograma ya que hace rato deberían haber sido entregada.
