El colega del "El Censor" de Bragado se hizo eco de un posteo que hicimos en nuestra cuenta de facebook donde la Concejal Viviana Neschenko denuncia una operación del Kichnerismo local, a continuación transcribiremos la nota, bajo el titulo:
Carlos Casares : concejal libertaria acusa al kirchnerismo de montar una operación política
La controversia política que comenzó durante el tratamiento de la Rendición de Cuentas en el Concejo Deliberante de Carlos Casares terminó escalando hasta el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires y derivó en una denuncia pública de presunta persecución política por parte de la concejal de La Libertad Avanza, Viviana Neschenko ( presidente del bloque )
La edil libertaria sostuvo a través de sus redes sociales que sectores del oficialismo intentaron impedir su participación en la votación de la Rendición de Cuentas argumentando una supuesta incompatibilidad derivada de la actividad comercial de su pareja, quien mantiene una relación contractual con el municipio desde hace más de tres décadas.
Según expresó Neschenko, material publicado por el medio La Verdad Online, la situación tomó estado público durante el debate legislativo del pasado 12 de mayo, cuando se habría impulsado un proyecto orientado específicamente a cuestionar su intervención en determinadas votaciones.
«Mi pareja es proveedor municipal desde hace más de 30 años. Nuestra relación es pública y muy anterior a mi mandato como concejal», afirmó la dirigente.
El eje de la discusión gira alrededor del artículo 6 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, norma que establece incompatibilidades para integrar la estructura municipal cuando existen intereses directos o indirectos en contratos celebrados con la comuna.
Desde el oficialismo se habría interpretado que dicha disposición podría generar una incompatibilidad respecto de la participación de la concejal en determinadas decisiones vinculadas a cuestiones económicas o administrativas.
Sin embargo, desde La Libertad Avanza sostienen una interpretación completamente diferente, y es entendible, dado que el artículo mencionado se refiere a la admisión y ejercicio de funciones dentro de la estructura administrativa o ejecutiva municipal y no alcanza a los cargos electivos de representación política como los concejales. La edil no integra el Departamento Ejecutivo ni posee facultades para contratar proveedores, adjudicar compras o tomar decisiones administrativas relacionadas con los contratos municipales.
El Kirchnerismo pretende impedir una votación utilizando un artículo que constituye una interpretación improcedente de la normativa vigente.
De acuerdo con lo manifestado por la concejal, el conflicto dio un giro cuando su bloque respondió impulsando una iniciativa que proponía analizar de manera integral todas las situaciones de posibles vínculos familiares entre funcionarios, concejales y proveedores municipales.
Según esa versión, el oficialismo decidió retirar el proyecto original antes de avanzar en el debate.
Ese episodio habría desactivado momentáneamente la discusión dentro del recinto.
No obstante, el conflicto reapareció días después cuando Neschenko denunció públicamente que la presidenta del Concejo Deliberante, Mariana Núñez, habría remitido una consulta o presentación al Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires vinculada a la situación. La concejal cuestionó especialmente que dicha actuación se hubiera realizado sin notificación previa, sin remisión de copia de la documentación presentada y sin brindar información formal sobre el trámite iniciado.
A raíz de ello, anunció que presentó una nota formal ante el Concejo Deliberante solicitando acceso completo a las actuaciones y, paralelamente, realizó una presentación espontánea ante el Tribunal de Cuentas aportando antecedentes y documentación relacionada con el caso.
Más allá de las cuestiones jurídicas, el episodio expone una disputa política cada vez más intensa entre el oficialismo local y La Libertad Avanza.
Mientras desde el espacio libertario interpretan que existe una maniobra orientada a condicionar la actuación de una concejal opositora, desde sectores del oficialismo sostienen la necesidad de despejar cualquier duda respecto de posibles incompatibilidades previstas en la legislación.
Por el momento no existe una resolución pública del Tribunal de Cuentas sobre la cuestión planteada.
En consecuencia, la discusión continúa abierta y podría transformarse en uno de los debates institucionales más relevantes del año dentro del Concejo Deliberante casarense, donde la controversia ya excedió el plano político y comenzó a trasladarse al terreno jurídico e institucional.
«Mi pareja es proveedor municipal desde hace más de 30 años. Nuestra relación es pública y muy anterior a mi mandato como concejal», afirmó la dirigente.
El eje de la discusión gira alrededor del artículo 6 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, norma que establece incompatibilidades para integrar la estructura municipal cuando existen intereses directos o indirectos en contratos celebrados con la comuna.
Desde el oficialismo se habría interpretado que dicha disposición podría generar una incompatibilidad respecto de la participación de la concejal en determinadas decisiones vinculadas a cuestiones económicas o administrativas.
Sin embargo, desde La Libertad Avanza sostienen una interpretación completamente diferente, y es entendible, dado que el artículo mencionado se refiere a la admisión y ejercicio de funciones dentro de la estructura administrativa o ejecutiva municipal y no alcanza a los cargos electivos de representación política como los concejales. La edil no integra el Departamento Ejecutivo ni posee facultades para contratar proveedores, adjudicar compras o tomar decisiones administrativas relacionadas con los contratos municipales.
El Kirchnerismo pretende impedir una votación utilizando un artículo que constituye una interpretación improcedente de la normativa vigente.
De acuerdo con lo manifestado por la concejal, el conflicto dio un giro cuando su bloque respondió impulsando una iniciativa que proponía analizar de manera integral todas las situaciones de posibles vínculos familiares entre funcionarios, concejales y proveedores municipales.
Según esa versión, el oficialismo decidió retirar el proyecto original antes de avanzar en el debate.
Ese episodio habría desactivado momentáneamente la discusión dentro del recinto.
No obstante, el conflicto reapareció días después cuando Neschenko denunció públicamente que la presidenta del Concejo Deliberante, Mariana Núñez, habría remitido una consulta o presentación al Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires vinculada a la situación. La concejal cuestionó especialmente que dicha actuación se hubiera realizado sin notificación previa, sin remisión de copia de la documentación presentada y sin brindar información formal sobre el trámite iniciado.
A raíz de ello, anunció que presentó una nota formal ante el Concejo Deliberante solicitando acceso completo a las actuaciones y, paralelamente, realizó una presentación espontánea ante el Tribunal de Cuentas aportando antecedentes y documentación relacionada con el caso.
Más allá de las cuestiones jurídicas, el episodio expone una disputa política cada vez más intensa entre el oficialismo local y La Libertad Avanza.
Mientras desde el espacio libertario interpretan que existe una maniobra orientada a condicionar la actuación de una concejal opositora, desde sectores del oficialismo sostienen la necesidad de despejar cualquier duda respecto de posibles incompatibilidades previstas en la legislación.
Por el momento no existe una resolución pública del Tribunal de Cuentas sobre la cuestión planteada.
En consecuencia, la discusión continúa abierta y podría transformarse en uno de los debates institucionales más relevantes del año dentro del Concejo Deliberante casarense, donde la controversia ya excedió el plano político y comenzó a trasladarse al terreno jurídico e institucional.