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| Dado al mal estado de las rutas, es que pide eliminar la VTV |
Un informe técnico de Vialidad Nacional advierte que el 65% de las rutas nacionales están en estado regular o malo, con la Ruta 5 como uno de los tramos más peligrosos. En este contexto de abandono, en Junín la concejal Belén Veronelli presentó un proyecto para eliminar la VTV, calificándola como un mecanismo "meramente recaudatorio" ante el avanzado deterioro de la infraestructura vial.
El panorama de la infraestructura vial en Argentina ha alcanzado un punto de inflexión alarmante. Según un reciente relevamiento de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (Fepevina), casi el 65% de las rutas del país presentan un estado crítico, impactando directamente en la seguridad de los vecinos de nuestra región.
En la provincia de Buenos Aires, el escenario es aún peor: apenas el 36,8% de la red nacional está en buen estado, mientras que el 51,7% se califica como "malo". Entre los corredores más comprometidos se encuentran:
Ruta Nacional 5: Con obras paralizadas y un flujo constante de carga pesada, se ha convertido en una zona de riesgo extremo para quienes viajan desde y hacia 9 de Julio.
Rutas 7 y 33: Presentan baches profundos, falta de demarcación y banquinas descalzadas que vuelven la conducción una "ruleta rusa".
¿VTV o recaudación? El debate que llega al Concejo Deliberante de Junin
En medio de este deterioro, la concejal de Junín, Belén Veronelli (LLA), presentó un pedido para que la Legislatura Bonaerense avance con la eliminación de la Verificación Técnica Vehicular (VTV).
El planteo de la edil surge tras el fuerte aumento del trámite (que llegó a los 97 mil pesos) y la contradicción que representa exigir vehículos en perfecto estado cuando el propio Estado no garantiza rutas seguras. Veronelli cuestionó el "carácter recaudatorio" del sistema, señalando que la concesión del servicio funciona como una "caja política" sin beneficios tangibles para la seguridad vial de los ciudadanos que a diario rompen sus autos en rutas destruidas.
El planteo de la edil surge tras el fuerte aumento del trámite (que llegó a los 97 mil pesos) y la contradicción que representa exigir vehículos en perfecto estado cuando el propio Estado no garantiza rutas seguras. Veronelli cuestionó el "carácter recaudatorio" del sistema, señalando que la concesión del servicio funciona como una "caja política" sin beneficios tangibles para la seguridad vial de los ciudadanos que a diario rompen sus autos en rutas destruidas.
