En el marco de una auditoría integral en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el Gobierno detectó una grave irregularidad: 178 mil Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) figuran como activos pese a corresponder a personas fallecidas.
El hallazgo surgió tras un cruce de datos con el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y encendió alarmas en la Casa Rosada, donde ya se analiza avanzar con denuncias penales contra beneficiarios y prestadores involucrados.La detección se produjo durante el proceso de reordenamiento del organismo, intervenido luego del escándalo que derivó en la salida de su entonces titular, Diego Spagnuolo, tras la difusión de audios en los que se lo escucha mencionar un presunto circuito de cobro de coimas. Si bien el exfuncionario presentó ante la Justicia un informe pericial en el que sostiene que esas grabaciones fueron manipuladas con inteligencia artificial, la auditoría continuó y comenzó a exponer inconsistencias estructurales dentro de la agencia.
El actual interventor de la ANDIS, Alejandro Vilches, médico sanitarista designado por el ministro de Salud Mario Lugones, ordenó el cruce de bases de datos y autorizó las bajas inmediatas de los certificados observados. Según fuentes oficiales, el próximo paso será cotejar la información de las personas fallecidas con los prestadores que declararon haber brindado servicios, para determinar posibles responsabilidades penales.
El Certificado Único de Discapacidad es un documento público y gratuito que acredita la condición de discapacidad de una persona y permite acceder a prestaciones de salud, transporte gratuito, asignaciones familiares y otros beneficios en todo el país. Si bien no tiene vencimiento fijo, requiere actualizaciones periódicas que actualmente se encuentran prorrogadas.
Este hallazgo se suma a otras irregularidades detectadas durante la auditoría integral impulsada por el Poder Ejecutivo el pasado 28 de agosto, que incluyó también la revisión de contratos. Los resultados finales del proceso aún no están cerrados y podrían oficializarse hacia el final del primer trimestre de 2026.