La medida alcanza las cooperativas y las empresas que brindan el servicio en el territorio. Fueron los Jefes Comunales quieren expresaron su preocupación que se ponía en riesgo la recaudación mensual de muchas obras que se financian mediante ese cargo dentro de las facturas del servicio eléctrico. Además, el recorte de fondos coparticipables (como el Sojero) y ante el posible traslado de subsidios a sus distritos, los jefes comunales pidieron entonces mantener el cobro de tasas en las facturas de servicios, aduciendo que la prohibición les haría desplomar la recaudación en momentos en que necesitaban suplir con recursos propios aquellos que Nación dejaba de enviarles.
La resolución del Oceba surgió como parte de los acuerdos para la aprobación del Presupuesto 2019, a principios de diciembre y se conoció ahora.
En mayo pasado se estableció que las facturas de luz no podían contener conceptos «ajenos a la prestación del servicio de energía eléctrica».Esto afectaba directamente a los intendentes, que durante años fueron incorporando en las boletas tasas municipales de distinta índole, aprovechando el alto porcentaje de cobrabilidad que les aseguraba. La ecuación era sencilla y altamente redituable: los usuarios debían pagar sí o sí para evitar cortes en el servicio.
Pero la prohibición también perjudicaba a las cooperativas quienes bajo la misma lógica que los municipios incorporaban a las boletas de luz los diferentes servicios que prestan, muchas veces reemplazando las funciones del Estado. Por esa vía, sostenían mutuales, sepelios y emergencias médicas, cuya cobrabilidad no podían asegurar de otra forma.
Tras la polvareda que generó la medida, el Oceba resolvió a fines de junio postergar su aplicación hasta el 1° de enero, bajo el argumento de que «el cumplimiento de la medida implica para los municipios modificaciones en sus sistemas de recaudación y cobro y, para los distribuidores municipales, la adaptación de sus sistemas de facturación».
Ahora, en una resolución similar, el organismo de control pateó hasta el 1° de julio la vigencia de la medida, al sostener que «a la fecha subsisten las razones invocadas» oportunamente.
La prohibición ahora prorrogada se estableció originalmente en el marco de la decisión del Gobierno de María Eugenia Vidal de eliminar los impuestos provinciales que gravaban el consumo eléctrico, como un gesto hacia los usuarios que reclamaban por los constantes «tarifazos».
Cadena nueve