Convocar a una audiencia pública, luego de un pedido de la Defensoría del Pueblo provincial, a las administraciones de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, fue lo que dispuso la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el marco de una causa con la que se busca frenar las inundaciones en territorio bonaerense.
La medida adoptada por el máximo tribunal hace referencia a la “gravedad de los hechos denunciados”, puntualmente a los que tienen que ver con las obras realizadas por Santa Fe que alteraron el escurrimiento natural de la laguna La Picasa, lo que derivó en la anegación de varios distritos de Buenos Aires.
Por lo tanto, la audiencia pública, que será de carácter informativo y tendrá lugar el 7 de noviembre en el Palacio de Justicia ubicado en la Capital Federal, buscará reunir a estas dos administraciones, la de Córdoba –que integra la Comisión Interjurisdiccional de la Cuenca de la laguna La Picasa-, además de la Secretaría de Recursos Hídricos, a la Procuraduría General y a la Defensoría General de la Nación.
El Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, destacó la decisión de la Corte, al reconocer “que se le dio la importancia necesaria a nuestros reclamos, que los gobiernos se comprometan a dar respuesta ante la grave situación que afecta a miles de bonaerenses, y que se lleven adelante todas las obras necesarias para evitar que se repitan estas inundaciones”.
Cadena nueve